La conciliación no es solo un método alternativo de resolución de conflictos; es, en esencia, una función de la administración de justicia. Conforme al artículo 116 de la Constitución Colombiana, no solo los jueces tienen la potestad de administrar justicia, sino también las autoridades administrativas y particulares habilitados por la ley, como los conciliadores. Esto convierte a la conciliación en una herramienta esencial para la descongestión judicial y el acceso equitativo a la justicia.